En Madrid, a 27 de marzo de 2025
Estimados diputadas y diputados,
En 2017, Mark Zuckerberg, Fundador de Facebook, decía que la misión de su empresa era “dar a las personas el poder de compartir y hacer que el mundo sea más abierto y conectado”. También dijo que las redes sociales estaban allí “para contribuir a construir relaciones de amistad”.
El punto de inflexión para poner a prueba esa narrativa, de que las redes sociales son un lugar en el que ocurren el tipo de conexiones que el ser humano necesita, ha sido la pandemia. En plena pandemia, miles de millones de jóvenes se quedaron enganchados a las redes por falta de alternativas más excelentes. La pandemia propició un experimento a gran escala que permitió estudiar las consecuencias del uso de las redes. ¿Qué puede ocurrir a la salud mental de un joven que está todo el día al remolque de los estímulos externos y pendiente de la apreciación de unos perfiles anónimos?
En 2021, Common Sense Media publicaba un estudio sobre la relación entre la salud mental y el uso de las redes sociales durante la pandemia en la franja de edad entre los 14 y los 22 años. Para contextualizar, Common Sense es el nombre de una entidad americana que realiza encuestas sobre el consumo de las nuevas tecnologías en la infancia y la adolescencia. Desde sus inicios en 2003, se consideraba una entidad seria, logrando ganarse el respeto de muchos investigadores y de la población en general. Uno de los resultados del estudio es impactante. Concluye que hay casi 3 veces más de probabilidades de padecer síntomas de depresión (de moderados a severos) en aquellos que usan redes, con respecto a los que no las usan nunca.
La pregunta que se hace Common Sense es: ¿en qué sentido va la causalidad?
En otras palabras, ¿Los síntomas de depresión son consecuencia de estar en redes? ¿O bien es al revés y la gente deprimida, por ser deprimida, se va a las redes para aliviar sus síntomas? Vamos a examinar más de cerca a ambas hipótesis:
- El hecho de estar más tiempo en redes podría ser la causa de los síntomas de depresión. ¿Por qué? Después de todo, los algoritmos de las redes están diseñados para aislarnos. Nos llevan a contenidos que confirman nuestros sesgos y polarizan la sociedad, incapacitándonos a vivir en un mundo plural. También nos aíslan, porque no es lo mismo una conexión humana que una conexión online. De hecho, un estudio publicado por YouGov concluye que un 22% de los millennials, de los que tienen cientos de conexiones en redes sociales, luego dicen no tener amigos. Siguiendo esa hipótesis, habría que reducir el uso de las redes.
- Los jóvenes acudirían a las redes porque están deprimidos antes de usarlas. Esa hipótesis podía más ser o menos creíble durante la pandemia. Según esa hipótesis, los jóvenes acudirían a las redes para aliviar su depresión. Por lo tanto, habría que potenciar el uso de las redes. Actualmente, esa hipótesis no está apoyada por las evidencias.
Ahora bien, Common Sense afirma en su informe que no es posible saber en qué dirección va la relación. Pero, ojo, opta por la segunda opción a la hora de escoger el título del estudio: “2021. Hacer frente al covid-19: cómo los jóvenes utilizan los medios digitales para gestionar su salud mental”. Llega a la conclusión, sin aportar ni argumentos ni datos que le permitan concluir de esa manera, que los que padecen síntomas de depresión usan más las redes porque se encuentran deprimidos. Se asume que padecían esos síntomas antes de usar las redes. Por lo tanto, las redes serían una especie de bálsamo para su estado depresivo. En definitiva, el título del informe sugiere que no son las redes las que nos pueden llevar a sentirnos deprimidos, sino que las redes serían un oasis, para la gente deprimida. O incluso, según parece indicar el título, las redes podrían ser un lugar de sanación, pues tendría un efecto terapéutico para los deprimidos.
Para poder valorar esta postura, hay que ofrecer contexto. Desde hace unos años, Common Sense Media está patrocinado por Twitter, la Fundación Bill & Melinda Gates, y las de Zuckerberg y de Bezos, entre otros.
En el verano de 2024, se publicó el informe Social Media and Youth Mental Health por el Cirujano General, que es la principal autoridad en materia sanitaria en los EEUU. Sabemos que los informes del cirujano general sirven de base a las iniciativas legislativas en los EEUU. El informe cita estudios que relacionan el uso de las redes sociales con el suicidio, los trastornos alimentarios, la baja estima, el TDAH, los problemas de depresión, de ansiedad, etc.
El Cirujano General concluye: «De acuerdo al principio de “la seguridad ante todo”, se debe cumplir un umbral mínimo de seguridad, y hasta que se demuestre con pruebas rigurosas y una evaluación independiente, se deben implementar medidas de protección para minimizar el riesgo de daños causados por productos, servicios o bienes. Dada la creciente evidencia del riesgo de daños que el uso de las redes sociales puede causar a algunos niños y adolescentes, se debe aplicar el principio de “la seguridad ante todo” en el contexto de los productos de redes sociales”.
Ahora bien, los escépticos siempre han respondido a los estudios que apuntan a los efectos perjudiciales de las redes sociales con un argumento que ha generado una narrativa que ha paralizado la acción social y política. Y ahora voy al nudo de la idea principal de mí exposición, dicen que no es lo mismo correlación que causalidad. Que la depresión y el consumo de redes ocurren paralelamente, pero que no se puede probar en qué dirección va la causalidad y si la hay. Ese argumento, además de ir en contra del sentido común más elemental, desde que se ha publicado el informe del Cirujano General, ya no es mayoritario en la comunidad científica y los periodistas, los políticos y los expertos no pueden seguir difundiendo esa narrativa, porque no se ajusta a las evidencias.
Ya hay estudios que confirman esa causalidad. Son estudios experimentales (que pasan de la observación a la intervención), en los que se asigna de forma aleatoria un grupo de intervención y otro de control. Se llaman ensayos controlados aleatorizados por clúster. Se ha demostrado en esos estudios que, quitando las pantallas al azar, reducimos los síntomas de depresión. Se ha hecho en dos estudios importantes (Schmidt-Persson et al. y Lambert et al.), que podéis encontrar en la lista de estudios académicos que os hice llegar ayer.
Conviene recordar que las empresas tecnológicas y las plataformas digitales no están en el negocio de proporcionar contenidos a sus consumidores o usuarios, sino que están en el negocio de entregar la atención de sus usuarios o consumidores a los que patrocinan sus contenidos.
Antes, los padres podían controlar lo que veían sus hijos. Ellos podían decidir si se encendía la televisión, a qué hora y en qué canal. Podían decidir qué DVD se ponía a sus hijos. Desde que los niños y jóvenes tienen el dispositivo en el bolsillo, y desde que hay más pantallas que ventanas en las casas, los padres ya no controlan lo que ven sus hijos. No pueden asegurarse de que lo que ven sea contenido adaptado a sus necesidades y no sea dañino. Hemos democratizado el conocimiento, pues ahora cada vez más plataformas tecnológicas son gratuitas. Pero hemos de entender que nada es gratuito. Las empresas tecnológicas se financian con el dinero que reciben de las entidades que patrocinan sus contenidos genéricamente a través de la publicidad, o de los datos privados que compran. Si lo patrocina una empresa, es publicidad; y si lo patrocina un partido político o el Gobierno, es propaganda. Que, por cierto, poco se habla de eso, pero es un tema importante, y más en un contexto en el que se entiende cada vez más la educación cómo el vehículo para adiestrar al ciudadano. Entonces lo que se presenta a los niños y jóvenes, no es contenido cultural o educativo, sino contenido que interesa a los grandes poderes.
En otras palabras, cuando nuestros hijos están en redes, el producto, son ellos. Y, siguiendo con el modelo de negocio de las tecnológicas, que consiste en vender los datos y la atención de nuestros hijos, necesitan mantener la atención de nuestros hijos y alumnos el mayor tiempo posible en línea para sacar el máximo beneficio económico.
Para ello, contratan a las mentes más brillantes (psicólogos, ingenieros) que saben incorporar mejoras tecnológicas (ej. El scrolling infinito, el Plug & Play) o contenidos adictivos para retener la atención en línea de sus usuarios el tiempo más largo posible.
En 2021, una ex manager de producto de Facebook, Frances Haugen, dice ante el Congreso de los EEUU: “Facebook hace daño a los niños, fomenta la división y debilita nuestra democracia, Facebook puede cambiar, pero nunca lo va a hacer por su cuenta”. Haugen insiste en que los algoritmos incitan a la desinformación, el odio y la violencia, pues es la forma en que consiguen enganchar al usuario cuanto más tiempo posible en línea. Dice “los modelos que maximizan el tiempo en línea favorecen la controversia, la desinformación y el extremismo, la gente adora lo que es indignante”.
Es esta misma industria la que, dedicando muchos millones a marketing, bajo la bandera de la responsabilidad social corporativa, patrocina investigaciones sobre sus productos, engatusa a directores de colegios, paga cátedras en universidades sobre asuntos que pueden impactar en la regulación de sus actividades, patrocina congresos educativos, premios a docentes, paga los honorarios de ponentes en congresos dirigidos a maestros o tiende puentes con expertos planteando colaboraciones pagadas. Esos expertos son luego susceptibles de ser nombrados para asesorar al gobierno sobre las leyes que regulan la industria. Esas empresas regalan también títulos ficticios a los docentes que usan sus productos en las aulas para erigirles en expertos sin base objetiva llamándoles Distinguished Educators, patrocinan a entidades como Common Sense para publicar informes cuyos datos no pueden mentir (los datos nunca mienten), pero cuyo título, análisis, cuyas conclusiones o resúmenes ejecutivos y cuyas recomendaciones a menudo no se corresponden del todo con los datos, o suavizan el problema real al que apuntan los datos. Esto pasa con numerosos informes internacionales, por cierto. El técnico que saca los datos es uno, luego se contrata a una persona para redactar en clave política las conclusiones, escoger título y formular las recomendaciones.
Por ejemplo, en un informe reciente de UNICEF titulado Impacto de la tecnología en la adolescencia, se encuentra una asociación entre el Uso Problemático de Internet y la sintomatología depresiva en la población infanto-juvenil, con tasas tres veces mayores de depresión grave o moderadamente grave. Se concluye con la narrativa de que “no es posible establecer relaciones de causalidad”. En vez de recomendar atrasar la edad de uso, se concluye que “la Educación online ha llegado para quedarse”.
Para ir a la causa, hay que ir a los datos y desmontar el mecanismo de influencia de esa industria. Por ello, traigo una lista de sugerencias de recomendaciones.
- Aumentar la edad de acceso a las redes sociales a 18 años (pedir a Europa que modifique el rango que no permite actualmente a los países miembros prohibir más allá de los 16).
- Obligar por ley a las empresas tecnológicas a dar un aviso claro y explícito (no en el marco de un contrato de adhesión que tan solo protege legalmente a la empresa), en los paquetes de los dispositivos tecnológicos, o en el momento de la descarga de la aplicación, de los riesgos de éstos para la salud mental del usuario.
- Crear un portal de transparencia para informar de las donaciones realizadas por las empresas del sector tecnológico a personas o entidades que son susceptibles de difundir la bondad de sus productos (investigadores, directores de colegios, medios de comunicación, etc.). Ese mecanismo existe en el sector de las empresas farmacéuticas en los EEUU.
- Obligar por ley a los medios que destaquen la mención “contenido patrocinado” cuando la industria esté pagando directa o indirectamente a la prensa para hablar de uno de sus productos, a un “experto”, o a un congreso en relación con la salud mental o la educación.
- Hacer firmar declaraciones de ausencia de conflictos de interés a los expertos, antes de formar parte oficialmente de los grupos de expertos formados por los Gobiernos estatales y autonómicos.
- Incluir una asignatura de metodología de la investigación en todas las facultades de periodismo y comunicación, para que los periodistas sepan el ABC de la investigación (ej. distinguir un estudio sin o con grupo de control, reconocer un estudio patrocinado por la industria, incorporen como buena práctica facilitar el enlace a los estudios que citan en sus reportajes, dinstinguir las revistas de calidad, etc.
- Impedir que las empresas tecnológicas hagan publicidad para el consumo de sus productos de la misma forma que las tabacaleras dejaron de poder hacerlo cuando se supo que el consumo de sus productos era dañino para la salud.
- Revisar la engañosa narrativa del “uso responsable” en las campañas y las publicidades. No se puede pretender educar en la responsabilidad a una persona que está en un periodo crítico de desarrollo y que aún no tiene consolidada la capacidad de inhibición, dándole un dispositivo que está diseñado para la adicción (conseguir captar la atención de forma ilimitada a través de técnicas cómo el Scrolling infinito, el Plug & Play, algoritmos que fomentan estados de ánimos que tienen como objetivo enganchar al usuario en línea, etc.). La edad pediátrica acaba a los 21 años.
- Crear campañas de sensibilización acerca del daño de las redes y de la importancia de atrasar el uso de los dispositivos tecnológicos. Debe estar tan mal visto estar en redes como fumar.
- Revisar la LOMLOE para ajustarla a la necesaria desescalada tecnológica. No podemos, por un lado, declarar el uso de dispositivos un problema de salud pública, mientras que por otro lado obligamos a los colegios a formar a los niños en competencias digitales y a usarlos en el colegio. Es preciso resolver las contradicciones entre las leyes educativas y las recomendaciones pediátricas.
- Prohibir los Smartphones en los colegios, tanto en las aulas como en los lugares comunes. Prohibir el uso de dispositivos de uso individual en los colegios, pues son puentes a usos recreativos, y lo estudios no avalan su uso para fines pedagógicos en las aulas en la etapa pre-universitaria.
MUCHAS GRACIAS.
Texto que no he podido leer por falta de tiempo:
Para cerrar, me gustaría hablar de la NOTA INFORMATIVA PARA EL COMPARECIENTE que he recibido para preparar mi comparecencia y en la que se podía encontrar instrucciones dirigidas a los que estamos participando en la comisión:
“Asimismo, las conclusiones y propuestas deberán estar alineadas con las
recomendaciones emitidas por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y la OMS sobre legislación en su documento de 2023 «Mental health, human rights and legislation. Guidance and practice», y deberán respetar el marco Quality Rights de la OMS.”
Me pregunto de quién ha sido la idea de incluir ese texto en la carta a los expertos y me gustaría discrepar, respetuosamente, con ese texto. En 2 minutos, si me permitís, os voy a explicar por qué creo que ese procedimiento no es adecuado. El objetivo de una comisión, entiendo, es formular unas conclusiones que permiten llegar a unas recomendaciones legislativas. Para ello, se convoca a verdaderos expertos que comunican a los diputados lo que ellos saben, bien sea a partir de la investigación, de la literatura académica, o de su práctica, para poder equipar a los diputados de los recursos necesarios en su toma de decisiones legislativas.
En una democracia, pienso que no tiene sentido condicionar el discurso de los expertos pidiéndoles que sea alineado con recomendaciones de la OMS, o del Alto Comisionado que ni siquiera son vinculantes para el brazo legislativo. De hecho, esas recomendaciones tampoco son vinculantes para un país. Pero incluso si fuesen vinculantes para el aparato legislativo, de ninguna manera esas recomendaciones deben condicionar la opinión de un experto. La libertad de cátedra y de expresión de los expertos y de los intelectuales es absolutamente necesaria para la salud democrática de un país. Las recomendaciones son recomendaciones para justificar posibles cambios legislativos, pero nadie puede ir a un debate político reclamando su aplicabilidad. En otras palabras, está claro que se está intentando crear un cuerpo de soft-law en base a recomendaciones, o agendas políticas, con la idea de que permeen en el discurso político. Pero el hecho de imponer un cuerpo de soft-law a expertos que pueden no compartir las premisas de estos textos puede dejar fuera de juego el trabajo y la aportación de los expertos, utilizándolos para validar decisiones que ya están tomadas.
Lo que sí habría tenido mucho sentido, y aprovecho para proponerlo como recomendación, es pedir a todos los expertos que participan en vuestras comisiones y en vuestros grupos de expertos que firmen una declaración de ausencia de conflictos de interés. No me consta que los miembros del grupo de expertos que han dado recomendaciones al Gobierno sobre el uso de las tecnologías en la infancia y la adolescencia hayan firmado esas declaraciones, que son absolutamente básicas en todo tipo de trabajo experto pre-legislativo. Y más en ese caso, en el que los problemas que hoy se han expuesto están generados por conflictos de interés. Si no cortamos esa dinámica de raíz, no vamos a salir nunca de la dinámica dañina.
MUCHAS GRACIAS
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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